Martha Gómez Ferrals
Foto de Archivo
11 Septiembre 2026
La Constitución de Jimaguayú, la tercera de las cuatro Cartas Magnas refrendadas por los cubanos en campos de batalla durante el siglo XIX, marcó un verdadero hito en la historia del país y un ejemplo de la persistente voluntad civilista y legalista del movimiento revolucionario independentista.
Fue gestada en Asamblea Constituyente que comenzó el 13 de septiembre de 1895, en la zona camagüeyana de Jimaguayú, donde cayó el Mayor Ignacio Agramonte durante la Guerra de los Diez Años y firmada el 16 de ese mismo mes.
El documento de Jimaguayú significó un paso adelante en la búsqueda difícil de la unidad de los cubanos mediante la elaboración de un texto, que pretendió ser justo con los intereses de todos los contendientes y patriotas involucrados en la causa mayor y sagrada de la libertad. De ahí su trascendencia e importancia.
No fue fácil llegar al contenido final. A duras penas se despejaron los nubarrones dictados por las pasiones y los diferentes enfoques sobre la prevalencia de los mandos civiles defendidos por los representantes de occidente o militares – bandera de casi todo el oriente, la zona de mayor beligerancia- que se arrastraban desde la primera Ley de leyes aprobada en Guáimaro en 1869, en la cual se maniató al mando militar.
La de Baraguá, menos conocida y extensa, pero cierta, dio un giro a esa situación y su contenido influyó en el texto del 95.
Se imponía una diferencia en la Constitución de Jimaguayú con la de Guáimaro, la más renombrada antecesora, y lo fue.
Aunque también revelaba rasgos que le conferían la condición de ser parte de un proceso histórico signado por la continuidad.
Establecía un Consejo de Gobierno formado por seis miembros representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, que no debía interferir al aparato militar, encabezado por un General en Jefe. Ese cargo ya lo ocupaba por decisión tomada por el movimiento revolucionario antes de empezar la histórica campaña el Generalísimo Máximo Gómez.
