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miércoles, 18 de enero de 2023

José Martí: vocación de justicia

Autor: Yusuam Palacios Ortega
internet@granma.cu
10 de enero de 2023 22:01:31
Foto: Archivo de Granma

La vocación de justicia del más universal de los cubanos, desde los primeros años de su vida, lo hizo convertirse muy temprano en un jurista justo

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Foto: Archivo de Granma

Acercarnos a la vocación de justicia de José Martí es algo trascendental por cuanto nos conecta con una de las facetas del pensamiento martiano que amerita –sobre todo en los tiempos actuales, ante la crisis humanística que sobre nosotros se ha vertido– de un acercamiento mayor, de un tratamiento coherente, intencionado y bajo la perspectiva de continuar promoviendo el legado ético, humanista y antimperialista del Apóstol.

La vocación de justicia del más universal de los cubanos, desde los primeros años de su vida, lo hizo convertirse muy temprano en un jurista justo.

Y era Martí un jurista justo no solo porque hubiera estudiado Derecho, sino también porque supo comprender que la esencia del oficio estaba en realizar constantemente la justicia, en acudir a él y tomarlo como arma para enfrentar su gran batalla libertaria, emancipatoria, por la dignidad plena del ser humano.

miércoles, 3 de noviembre de 2021

José Martí y la Revolución de justicia y de realidad

Por: María Caridad Pacheco González
01-11-2021

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Imagen tomada de Trabajadores

El sentido de la justicia constituye la piedra angular del pensamiento y la acción revolucionaria de José Martí. El ser justo fue la máxima exhortación que dirigió a su hijo, y así lo dejó expresado en una carta que escribió el 1ro de abril de 1895, en la que sus últimas palabras fueron: “Sé justo”, de ahí el lugar cimero que ocupaba la justicia para Martí como valor en la conformación de un hombre bueno. Es así que la dimensión ético-jurídica de la personalidad de nuestro Apóstol viene avalada en esencia por la Justicia, estando su pensamiento acompañado por un evidente enfoque jurídico que legitimó su acción.

La justicia que Martí pretendía solo se lograría cuando el Derecho Positivo, o sea, aquel que se materializaba en la norma escrita, se ajustara al Derecho Natural, aquel que había existido durante el desarrollo de toda la humanidad; por lo que la sociedad, a través del Derecho Positivo, tendría que reconocer los derechos inalienables e imprescriptibles que el hombre poseía por el solo hecho de serlo, y por consiguiente, reconocer la igualdad de todos los hombres en la sociedad; de ahí que para El Maestro, si todos los hombres eran iguales por naturaleza, debían serlo también por ley, siendo estas consideraciones las que le permitieron desentrañar la esencia de su obra política: “…si igualdad social quiere decir el trato respetuoso y equitativo, sin limitaciones de estimación no justificada por limitaciones correspondientes de capacidad o de virtud, de los hombres, de un color o de otro, que pueden honrar y honran el linaje humano, la igualdad social no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza”.[1]

“(…) para El Maestro, si todos los hombres eran iguales por naturaleza, debían serlo también por ley (…)”.

En uno de los Boletines publicado en la Revista Universal de México el 18 de junio de 1875, escribió: “Existe en el hombre la fuerza de lo justo, y es éste el primer estado del Derecho. Al conceptuarse en el pensamiento, lo justo se desenvuelve en fórmulas: he aquí el Derecho Natural.”[2] De esta forma resumía la fundamentación ética del Derecho, estableciendo al mismo tiempo, la primacía de la justicia en el Derecho, no para elaborar una teoría, sino para hallar las bases con vistas a crear gobiernos justos en nuestra América y una patria digna.

Hizo referencia también Martí a que el Derecho no podía nacer de la fuerza, ni confundirse con ella, porque precisamente el fundamento de la autoridad y de su ejercicio debía ser la justicia misma, expresando entonces que: “(…) los sistemas políticos en que domina la fuerza crean derechos que carecen totalmente de justicia”[3], de ahí que el gobernante, en el ejercicio de sus funciones, debía obligatoriamente ajustarse al Derecho, pues de lo contrario no sería lícita su actuación, ni tampoco la norma que dictara en su gobierno.